La separación de una pareja supone necesariamente una reestructuración del núcleo familiar, de la forma de convivencia y del ritmo de vida de los menores en todos los ámbitos. En este sentido, en los últimos años han surgido diferentes instrumentos orientados a facilitar esa reestructuración familiar, tales como la terapia, la orientación, la mediación… y la coordinación de parentalidad. El objetivo de la coordinación de parentalidad es prestar asistencia a aquellos progenitores con alto nivel de conflicto relacional que han demostrado su incapacidad o falta de voluntad, a largo plazo, a la hora de tomar decisiones por sí mismos, relacionadas con sus hijos, con la finalidad de proteger, salvaguardar y preservar relaciones paterno-filiales seguras, sanas y sólidas, ayudando a que los progenitores cumplan con los acuerdos y resoluciones judiciales sobre la parentalidad, a reducir los conflictos relacionados con sus hijos y a protegerlos del impacto de dichos conflictos. Por ello, la coordinación de parentalidad es una intervención útil para familias en situación de alta conflictividad post-ruptura de pareja: gran número de litigios, alto nivel de ira y desconfianza, dificultades de comunicación sobre los hijos, historia de violencia doméstica, rechazo de los hijos a ir con un progenitor, cronicidad del conflicto al no conseguir los progenitores la transición tras la ruptura de familia mononuclear a binuclear…


En definitiva, la figura del coordinador de parentalidad o coordinador parental surge en aquellas ocasiones en que “ni los medios de ejecución habituales –apercibimientos, multas o intervención de la fuerza pública- ni los medios alternativos como la mediación familiar, el counselling o la intervención del equipo psicosocial, son suficientes para la gestión del conflicto en fase de ejecución de sentencia”. En estos casos, hablamos de un desencuentro entre los padres “elevado”, o bien cronificado a través del re-litigio. Se trata de una figura creada en defensa del interés de los hijos, que se define, en líneas generales, como “un proceso alternativo de resolución de disputas en el que un experto independiente ayuda a los padres en graves dificultades tras su proceso de separación o divorcio a implementar su plan de parentalidad y a reducir el conflicto en beneficio de los menores”. Con ello se logra, además, reducir la litigiosidad y ganar en agilidad judicial, ya que muchos de estos casos están vinculados a la interposición de múltiples demandas por parte de los progenitores, incapaces de llegar a acuerdos por la vía amistosa. Se logra, además, frenar el conflicto y alcanzar un equilibrio familiar en el menor tiempo posible, con la indudable ventaja que ello supone para todas las partes.


Otro aspecto es la cronicidad del conflicto. Una separación o divorcio supone un gran reto de reorganización estructural importante para la familia, que pasa de ser mononuclear a binuclear. Se calcula que, de media, las familias pueden tardar hasta dos años en realizar esta transición, entrando luego en la normalidad. Pero en el caso de las familias con alto conflicto, hablamos de una cronificación de éste y de una judicialización de éste.